El abogado del diablo, formalmente conocido como Promotor de la Fe (Promotor Fidei), fue una figura clave en los procesos de canonización de la Iglesia Católica desde el siglo XVI hasta su supresión formal en 1983. Su función consistía en examinar rigurosamente la vida, virtudes y supuestos milagros del candidato a los altares, planteando objeciones, cuestionamientos y posibles errores en la causa. Lejos de oponerse a la santidad como fin, su papel garantizaba la veracidad y solidez del proceso, evitando exaltaciones indebidas y preservando la integridad del culto. Esta figura histórica se convirtió con el tiempo en símbolo del pensamiento crítico y la búsqueda imparcial de la verdad.
Durante la Alta Edad Media, las canonizaciones solían basarse en la devoción local y eran proclamadas por obispos; sin embargo, a partir del siglo XII el papado, a fin de imponer orden, comenzó a centralizar y regular estos procesos.
En 1170, el papa Alejandro III emitió una bula reservando exclusivamente a la Santa Sede el derecho de canonizar, sentando las bases del procedimiento “moderno” para declarar santos. Pronto surgió la necesidad de un funcionario dedicado a examinar críticamente las evidencias de santidad de los candidatos, con el fin de garantizar la integridad de la fe y evitar errores en estas proclamaciones
La primera mención formal de un cargo semejante al abogado del diablo data del pontificado de León X (1513–1521), durante la causa de canonización de San Lorenzo Justiniano.
En aquel entonces, un promotor fiscal o abogado consistorial actuó impugnando la santidad del candidato, sentando un precedente para el rol. Más adelante, en 1587, el papa Sixto V estableció oficialmente la figura del Promotor Fidei (Promotor de la Fe) dentro de la Curia Romana, cargo popularmente apodado “abogado del diablo”. A este funcionario –generalmente un clérigo experto en derecho canónico– se le encargaba objetar, exigir pruebas y descubrir errores en toda la documentación que respaldaba los méritos del candidato a beato o santo.
Si bien su papel lo alineaba “en el bando contrario” figuradamente (de ahí el mote de advocatus diaboli), su objetivo real era defender la autenticidad de las virtudes y milagros atribuidos al candidato, evitando que alguien fuera elevado a los altares sin merecerlo plenamente.
En 1631, el papa Urbano VIII reforzó esta práctica al decretar que ningún acto importante de un proceso de beatificación o canonización sería válido sin la presencia (al menos delegada) del Promotor de la Fe, garantizando así un escrutinio constante en cada etapa.
Más adelante, en 1708, el papa Clemente XI consolidó definitivamente el rol: separó la función del promotor de la fe de la del promotor fiscal y la estableció como oficina autónoma dentro de la Sagrada Congregación de Ritos. . De hecho, a partir de entonces el llamado abogado del diablo llegó a ser considerado el funcionario más importante en los procesos de canonización de la época
Un personaje clave en esta evolución fue Prospero Lambertini –quien luego sería el papa Benedicto XIV–: nombrado promotor general de la fe en 1708, Lambertini ejerció como abogado del diablo durante 20 años, tiempo en el cual estableció los fundamentos definitivos de la legislación canónica sobre canonizaciones y delineó con claridad los derechos y deberes del cargo.
Su vasta experiencia en el puesto lo llevó a escribir la obra monumental De Servorum Dei Beatificatione et Beatorum Canonizatione, publicada en 1734–38, donde reivindicó los derechos de la Iglesia en estas causas y describió con detalle la extrema cautela histórica con que se examina cada virtud y milagro de un candidato.
Funciones y responsabilidades del abogado del diablo
La función principal del abogado del diablo era actuar como una suerte de fiscal eclesiástico en el proceso de canonización. Oficialmente denominado Promotor Fidei, este personero examinaba minuciosamente la vida del candidato, sus supuestas virtudes heroicas y los milagros atribuidos, buscando cualquier indicio de error, exageración o insuficiencia en las pruebas aportadas. En la práctica, sus responsabilidades específicas incluían:
Cuestionar testimonios y evidencias: Interrogar la veracidad de los testigos y documentos presentados a favor del candidato, indagando posibles contradicciones o incoherencias.
Verificar milagros: Exigir pruebas sólidas de los presuntos milagros; el promotor debía sugerir explicaciones naturales para cualquier fenómeno extraordinario y descartar fraudes o errores en la atribución de dichos milagros.
Detectar motivaciones ocultas: Plantear si algunos actos considerados virtuosos podrían explicarse por motivos humanos o egoístas, en lugar de por verdadera santidad. . Esto buscaba asegurar que la reputación de virtud del candidato no estuviese basada en malentendidos o engaños.
Velar por el procedimiento legal: Garantizar que se cumplieran todas las formas jurídicas establecidas. Ningún acto importante del proceso era válido sin la participación formal del Promotor de la Fe, y era obligación de este abogado protestar ante cualquier omisión o irregularidad en la causa.
Mediante estas objeciones formales (conocidas como animadversiones), el abogado del diablo obligaba al postulador de la causa –a veces llamado abogado de Dios o Promotor de la Causa, encargado de argumentar a favor de la santidad del candidato– a reforzar la evidencia y responder satisfactoriamente a cada duda planteada.
Esta dinámica adversarial, lejos de ser un obstáculo caprichoso, aportaba un gran valor positivo al proceso: previno decisiones apresuradas o erróneas en materia de santos. De hecho, datos históricos muestran que varias causas que parecían muy prometedoras al inicio tuvieron que abandonarse porque el promotor de la fe halló dificultades que no pudieron ser resueltas satisfactoriamente.
En tales casos, la labor crítica (y en apariencia “negativa”) del abogado del diablo tuvo un valor positivo incuestionable, pues evitó que la Iglesia proclamase la santidad de personas sin pruebas concluyentes de sus virtudes y milagros. Incluso en los procesos que finalmente sí llegaban a buen término, las objeciones y escrutinios del promotor contribuían a un examen más profundo y completo de la vida del candidato. Sus intervenciones obligaban a presentar al siervo de Dios “en su verdadera imagen”, depurada de mitos o exageraciones, de modo que los fieles pudieran conocer la auténtica riqueza espiritual del candidato, asegurando así que solo quienes realmente lo merecían fuesen beatificados o canonizados.
Casos notables en la historia
A lo largo de los siglos, varios juristas eclesiásticos destacaron en el cargo de abogado del diablo por su erudición y rigor en la defensa de la verdad. El ya mencionado Prospero Lambertini (más tarde Papa Benedicto XIV) es el ejemplo paradigmático, tanto por el tiempo que sirvió como Promotor de la Fe como por sus aportes doctrinales al procedimiento de canonizaciónes.
Se dice que Lambertini mostraba una animadversión firme y exigente hacia cualquier prueba poco sólida, alineándose plenamente con su papel de guardián escéptico de la causa.
Otro ejemplo ilustrativo es la causa de canonización de San José de Cupertino en el siglo XVIII. Prospero Lambertini, como promotor de la fe, asumió una postura sumamente escéptica ante los famosos milagros de levitación atribuidos a este fraile italiano.
Lambertini estudió personalmente cada detalle del caso: exigió testimonios de testigos fidedignos y evaluó con rigor las declaraciones sobre cómo José levitaba en éxtasis durante sus oraciones.
Su “animadversión” inicial hacia dichas pruebas fue tan firme que el proceso avanzó muy lentamente. Sin embargo, una vez que todos los defectos fueron subsanados y las evidencias resultaron convincentes, el propio Lambertini –ya convertido en el Papa Benedicto XIV– emitió el decreto de beatificación de José de Cupertino en 1753.
Este caso demuestra cómo el escrutinio del abogado del diablo, lejos de impedir injustamente una canonización, sirvió para asegurar que un fenómeno extraordinario (como las levitaciones) estuviera respaldado por pruebas sólidas antes de ser aceptado por la Iglesia.
Desaparición del abogado del diablo y casos controvertidos
En 1983, Juan Pablo II promulgó la constitución apostólica Divinus Perfectionis Magister, que reformó profundamente el proceso de beatificación y canonización. Como parte de esa reforma, se eliminó la oficina del Promotor de la Fe tal como existía hasta entonces, poniendo fin al papel formal del “abogado del diablo”.
Su función fue reemplazada por la del Promotor de Justicia, cuyo papel ya no era abiertamente confrontativo sino más bien de supervisión imparcial del proceso.
En la práctica actual, este promotor reformado preside las reuniones de teólogos y prepara sus informes actuando más como un revisor técnico que como un fiscal acusador. Algunos expertos han señalado que este cambio de responsabilidades representó “la muerte” del abogado del diablo en su sentido clásico, y reconocen que con ello desapareció en parte la figura institucional que personificaba la duda metódica en los procesos de santidad.
Durante el proceso de canonización de Teresa de Calcuta, la Santa Sede tomó la inusual decisión de invitar a un conocido crítico suyo, Christopher Hitchens, a presentar testimonio en contra durante las audiencias previas a su beatificación…
Esta parodia de abogado del diablo, tuvo lugar entre los años 2002–2003, poco después de la muerte de Madre Teresa, cuyo proceso fue ademas acelerado por dispensas especiales.
